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El 19 de julio de 1924, un sábado, el Chaco profundo se tiñó de rojo. Gobernaba la Argentina el radical Marcelo T. de Alvear, cuando fuerzas policiales, y un grupo importante de estancieros de la región embistieron duro contra nativos qom y mocoví con resultado terrorífico y abrumador: más de medio millar de personas muertas. El hecho pasó a la historia como la Masacre de Napalpí y una de sus causas fue que el radical Fernando Centeno, gobernador-algodonero de ese Territorio Nacional que aún no era provincia, impidió a las futuras víctimas migrar a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy, donde les pagaban igual de mal que en Napalpí, pero al menos no en vales. Y tampoco los obligaban compulsivamente a entregar un 25 por ciento de su producción para el mantenimiento de la reducción, y otro 10 por ciento para solventar los fletes. Bajo este contexto, el litigio terminó de prender mecha cuando los cuasiesclavos campesinos se replegaron hacia los sagrados montes de Pampa Aguará, no solo como forma de rebelión y huelga ante la paupérrima paga en vales y comida que recibían por su trabajo, sino justamente por la antedicha prohibición del gobernador, de buscar horizontes menos malos fuera de la provincia.
No habría perdón para con los rebelados. Aquel sábado lúgubre, un avión biplano sobrevoló los montes de Aguará, y arrojó caramelos para que hijos e hijas de los huelguistas salieran de sus guaridas en busca de ellos. Luego hicieron lo propio con alimentos para tentar a los hombres a salir y quedar a merced del centenar y pico de policías, y la treintena de terratenientes armados que esperaban para proceder. Menos de una hora les llevó a los asesinos, munidos de rifles Mauser y Winchester, aniquilar a más de quinientos seres humanos, mientras muchos de estos bailaban entre chamanes, en trance de rito religioso, como forma mística de defensa.
Una vez consumada la masacre, que incluyó descuartizamientos, extirpaciones de miembros para ser mostrados como trofeos, degüellos y persecuciones en busca de eliminar testigos, empezó la operación lavaje de cerebros en los medios de comunicación locales y nacionales de la época. Se dijo en ellos –típico- que había sido un enfrentamiento. Se dijo, también, que se había tratado de una sublevación indígena. Que los indios robaban. Que no había forma de “controlarlos”. Y así, se dijo un largo etcétera. Justamente en esta operación mediática se metió el historiador y ensayista chaqueño Francisco “Tete” Romero, para decidirse a volcar en papel una sesuda investigación sobre el hecho y sus circunstancias, que lo había tenido ocupado durante 20 años, y la publicó –vía editorial ConTexto- bajo el nombre de Napalpí 1924-2024. Genocidio y terricidio, una historia del saqueo de nuestras tierras. 
«Se trata entonces de traer Napalpí para que ilumine este cuarto período neoliberal de extranjerización de la tierra, de pauperización de nuestras condiciones laborales, y de estigmatización de quienes resistimos este proceso» (Teté Romero).
“Lo que me indujo a empezar a escribirlo fueron dos acontecimientos. Por un lado, haber sido testigo en el juicio de la verdad por la masacre, que se desarrolló entre el 19 de abril y el 19 de mayo de 2022. Me citaron porque investigué el rol que le cupo al periodismo local y nacional en la inoculación del odio hacia el indígena, anteponiendo la imagen del gringo agricultor al fantasma de la amenaza del malón. Esa operación había sido tan eficaz, que generó una psicosis colectiva y llevó a armarse a la gente de los alrededores de Napalpí”, señala Romero a Negras&Blancas, acerca del juicio que cerró filas con la verdad histórica, como había hecho dos años antes la Cámara Nacional de Apelaciones de Resistencia.
La jueza federal de la capital chaqueña Zunilda Niremperger fue quien posibilitó el juicio por la verdad, declaró la masacre como crimen de lesa humanidad, y logró que el Estado Argentino pidiera perdón por los hechos en 2022, tal como lo había hecho la provincia del Chaco, en 2008, a instancias del entonces gobernador Jorge Capitanich. Clave para dar con esta verdad fueron varios hechos precedentes. Por una parte, la demanda iniciada por la Asociación Comunitaria La Matanza, en 2004, que derivó en el juicio. Por otras, las declaraciones seminales de Melitona Enrique, una anciana qom de 107 años que había sido testigo del delirio aquel, y el posterior testimonio de otra centenaria anciana sobreviviente -Rosa Grillo- cuyo padre murió en el hecho. “La sentencia de la jueza Niremperger fue ejemplificadora, dado que probó todas y cada una de los hechos tanto de los testimonios escritos como de las orales. La justifica el hecho de hacer un juicio por la verdad, porque la memoria es reparadora de las impunidades, y ayudan a restañar los tejidos sociales rotos”, enfatiza el ensayista, docente y escritor también de Oler la tempestad, La próxima lluvia y Culturicidio, Historia de la Educación Argentina, entre otros libros. “La jueza dice esto, porque también en Napalpí se había perdido la lengua. Por eso, la sentencia habla de la necesaria pedagogía de la memoria intercultural”.
Cristian Vitale: Hablaste de dos causas que te llevaron a escribir el libro. Una está dicha y desarrollada ¿la otra cuál es?
Francisco Romero: La otra es la amenaza de un cuarto ciclo neoliberal que se venía, y que finalmente se tornó realidad con Milei. Puntualmente, la razón es que cada uno de estos ciclos trae aparejadas acciones de extranjerización de la tierra, y de saqueo de los recursos naturales. Se trata entonces de traer Napalpí para que ilumine este cuarto período neoliberal de extranjerización de la tierra, de pauperización de nuestras condiciones laborales, y de estigmatización de quienes resistimos este proceso. Desde ahí, Napalpí nos ayuda, porque desde ahí podemos contar que históricamente se creyó que era un crimen contra los indígenas -por ende genocidio- pero no se explicaba por qué. Y aquí la cuestión de la tierra, ¿no?… Cuando uno analiza el DNU actual o la Ley Ómnibus, nota que ambos buscan la derogación de la ley de tierras, la de bosques, la de glaciares, la transformación permisiva hacia las corporaciones de la Ley de Minerales, la negación del cambio climático… el saqueo de nuestros recursos naturales, al cabo.
Lo que llamás terricidio, pues…
Exacto, porque en el libro hago dialogar genocidio con terricidio. Esto es pensar que así como hay delitos de lesa humanidad, hay delitos de lesa naturaleza. El libro se convierte entonces en un trabajo que busca desde la sociología, desde la historia, desde la antropología cultural, desde la filosofía y desde el arte, iluminar nuestra historia. Y aquí planteo que la matriz de la economía tanto argentina como chaqueña es extractivista. También planteo que hay un segundo crimen, que es el de la identidad de los indígenas masacrados como trabajadores, además de sus identidades políticas, ¿no?
Lo que incorpora al hecho en un lugar histórico-político más parecido al de La Patagonia Rebelde.
Y de la Semana Trágica, sí. O la mal llamada Conquista del Desierto, en el sur, donde 290 familias -entre ellas la de Martínez De Hoz- se quedaron con 11 millones de hectáreas.
¿En el Chaco cómo fueron esos “números”, durante el proceso de conquista anterior a Napalpí?
-Incluyendo Formosa, unas 5 millones 600 mil hectáreas fueron distribuidas entre 112 adjudicatarios privados. Las tierras más fértiles estaban justamente en Napalpí, cuya reducción distante 120 kilómetros de Resistencia, se creó en 1911, porque se necesitaba mano de obra de obra qom y mocoví para el obraje, y para el cultivo del algodón. Por eso, los prisioneros de la campaña de pacificación previa que apuntás no fueron a parar a la isla Martín García –como los del sur-, sino a esas reducciones modelo, donde les ponían un brazalete blanco para identificarlos, y a los que se iban, los podían matar.
Lo que al cabo terminó pasando, por temor a migraciones masivas que dejaran sin mano de obra a los terratenientes.
Es los trabajadores indígenas venían acumulando malestar y empiezan a reclamar fuerte dado que, mientras al colono inmigrante no le descontaban nada de su producción, a ellos sí. A los colonos se les pagaba por lo que cosechaban, mientras que al indígena se le descontaba 10 por ciento de flete, y 25 por ciento para mantener la reducción. Trabajaba como esclavo, es decir, y encima tenía que pagar esto. Lo dicho, asociado a la decisión del gobernador Centeno de prohibirles abandonar el territorio, fue lo que desató la huelga. Fue duro para los indígenas digerir semejante prohibición, porque era usual que durante el período en que estos no cosechaban algodón, ellos iban a las zafras y los ingenios de Tucumán, Jujuy o Salta, donde se les pagaba mal, pero al menos no se les pagaba en vales. Gravitó mucho que las sociedades rurales cuestionaran al gobernador, porque los dejaba salir, y temían que los trabajadores se quedaran más tiempo en las otras provincias.
La parte empresaria apurando decisiones políticas. Típico
Claro. En fin, finalmente las autoridades impiden a los trabajadores indígenas abandonar no solo el Chaco, sino también la reducción misma. Y este es el detonante del inicio de la huelga en el Aguará, un sitio cercano a la reducción, donde en un primer momento, Centeno se acerca a escuchar a los huelguistas, se hace cargo de los reclamos, propone una tregua, los indígenas abandonan la huelga, vuelven al trabajo, y esperan un mes. Pero no se cumple absolutamente nada, y los indígenas retoman la huelga. Es aquí donde vemos el rol del diario “La Voz del Chaco”, que yo investigué. De huelguistas con causa justa, los indígenas pasan a ser considerados como vándalos, maleantes, bandidos, salvajes, o haraganes, y los medios –no solo el citado- empiezan a inocular el odio contra ellos, a través de aplicar el fantasma del malón con títulos y tapas sensacionalistas, falsas. Instalan la psicosis social, a tal punto que familias enteras deciden armarse. Y exigen una solución final.
La “solución final” de la que habla el ex subsecretario de Cultura del Chaco, entre 2007 y 2008, y ministro de Educación de la misma provincia, entre 2009 y 2012, llega justamente el 19 de julio de 1924, cuando el biplano Chaco II sale del Aeroclub del Chaco, arroja caramelos para que de la espesura del monte salgan los niños primero, y el resto después en busca de comida, para luego arrojar bombas incendiarias, y esperar que unos 130 policías más 30 civiles armados terminen la tarea, provocando la matanza de una población absolutamente indefensa. “Ante semejante desastre, en un primer momento se pide un juicio político contra el gobernador, pero después se alían radicales y conservadores para evitar que esto suceda. Lo único que hay judicialmente es una remoción de jueces, y la causa termina archivándose en octubre de 1924”, cuenta Romero. “Dijeron que había sido un enfrentamiento, pero resulta que no hubo ni bajas ni heridos entre las fuerzas policiales, y tampoco prisioneros indígenas. Además, en un primer momento, se habló incluso de 50 muertos, producto de un enfrentamiento entre mocovíes y qom, pero la realidad había sido otra, claro”.
¿Cómo se contó el hecho desde el lado de las víctimas?
Es muy importante la aparición del investigador y docente nacido en la Colonia Aborigen Napalpí Juan Chico, cuando dice “vamos a romper el silencio de nuestros mayores, porque yo me siento orgulloso de la historia de los míos”, y se pone a escribir sus libros escuchando a las ancianas sobrevivientes. Él es precisamente quien termina siendo uno de los promotores principales del juicio por la verdad, junto con la Fundación Napalpí que presidía. Las voces de Napalpí, es un gran libro que escribe.
¿Qué otras fuentes recomendás para seguir profundizando en Napalpí, además de Juan Chico y de tu libro?
Está el libro de Ramón de las Mercedes Tissera, Chaco, Historia General, porque él es el primer historiador que denuncia el genocidio en Napalpí. Después aparece con fuerza Nicolás Iñigo Carrera, que es el primero que habla de la huelga rural indígena, y que vincula Napalpí con el crimen de la tierra. Su libro se llama El Problema indígena en la Argentina, Debate.
