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Tal vez nunca antes la Argentina fue tan injusta. Los niveles de pobreza e indigencia sólo son superados por el clímax de la crisis de 2001/2002, que desató una insurrección popular. La concentración del capital es la regla en la mayoría de los sectores de la actividad económica y sigue una proyección ascendente. El campo de la comunicación y las telecomunicaciones no es la excepción: pocas empresas de posición dominante concentran verticalmente propiedad, producción de contenidos, infraestructura, ingresos, poder y audiencias; se expanden hacia otras actividades donde conservan la misma posición dominante y son capaces de adelantarse y moldear gustos y pautas de consumo.
Bajo esa determinación estructural, el acceso desigual a la conectividad (como a tantos derechos) se despliega como una manifestación más de un país que añora los niveles de integración social que exhibía hace 50 años. Esta desigualdad se evidenció con total crudeza durante el aislamiento preventivo provocado por la pandemia, una situación excepcional que exigió el despliegue, a partir de 2020, de políticas públicas de conectividad especialmente destinadas a algunos de los universos poblacionales más afectados: barrios populares, comunidades rurales y de pueblos originarios. Este artículo (y este libro) se propone revisar, con sentido crítico, el valor de esa experiencia. 
El desarrollo de políticas públicas planificadas (y de los instrumentos normativos indispensables para ejecutarlas) no es menor en un país cuyo vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia tiene como apotegma que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad”, invirtiendo aquella premisa fundacional de las políticas populares del peronismo. Pero estas políticas se enfrentan a la intervención interesada del partido judicial: la contradicción se refleja cada vez que se proyecta alguna medida que intenta regular los privilegios de los actores más poderosos del país.
La exclusión de millones de argentinos no es la consecuencia de gobiernos que eluden el orden jurídico, sino la consecuencia de la estricta y obediente aplicación de un orden jurídico (y, por lo tanto, también económico) definido por esos actores privilegiados. Fue el caso de la judicialización del decreto 690/2020, impidiendo de facto la aplicación de una tarifa social para la telefonía móvil, los servicios de internet y la tv de pago, en el contexto de la emergencia sanitaria.
Si bien la Argentina es uno de los países del Cono Sur con mayores índices de penetración de internet fija y móvil (54%), no alcanza el nivel promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde, 81%), según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recuperados por Nahuel Beglia (2023). Además, “existen grandes asimetrías entre las distintas provincias, algunas se encuentran por debajo del promedio de la región, incluyendo áreas donde la oferta de estos servicios es escasa o nula” (Beglia, 2023: 1). Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, San Juan, Mendoza y Santa Cruz están por debajo del índice nacional, con una penetración de internet fija de 43,19% (Santa Cruz) a 51,82% (Misiones), de acuerdo con el portal de datos abiertos publicado por Enacom para el tercer trimestre de 2022.
Así atravesó la pandemia una gran parte de la población. En la Argentina hay más de 4,5 millones de personas que viven en 5.687 barrios populares registrados a lo largo y ancho del país. Un relevamiento de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) realizado en 2021 informaba que hasta el año anterior el 60% de la población de esos barrios, villas y asentamientos incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) carecía de conectividad, y que la principal forma de acceso a internet era a través del uso de datos móviles. El 29,9% de los niños, niñas y adolescentes encuestados accedía a internet a través del celular prepago, el 15,6% lo hacía a través del celular con abono y el 15,8% trabajaba sin conexión, lo que representa un 61,1% de jóvenes con dificultades de conexión (SISU, 2021).
Pese a que estas desigualdades son preexistentes al Covid-19, el aislamiento provocado por la emergencia puso en evidencia la brecha digital. En este punto, como en otros, fueron las organizaciones y movimientos sociales presentes en los barrios las que lograron instalar la demanda de conectividad como derecho humano en la agenda pública, política y mediática, creando el escenario para el diseño y ejecución de políticas públicas destinadas específicamente a los sectores excluidos. Hoy el debate acerca del derecho a la conectividad está parcialmente ganado, pero sigue siendo necesario defenderlo y hacerlo realidad.
En efecto, el Estado cumple un rol fundamental como garante de la prestación del servicio de internet, ya que éste no puede quedar librado al arbitrio de la oferta y la demanda: son servicios públicos esenciales en competencia (DNU 690/2020). Es el Estado el que tiene el deber de planificar y promover el despliegue de infraestructura para la provisión del servicio en las zonas donde no existe o es de mala calidad, garantizando el acceso y creando un piso igualador de oportunidades (para educarse, trabajar, entretenerse, informarse, realizar trámites on line, promover economías locales, etc.) en las distintas zonas del país, muchas de las cuales no cuentan con servicio alguno.
Una comunidad alejada de los grandes centros urbanos, por ejemplo, no puede quedar aislada porque al mercado no le resulte rentable. Se trata de un postulado elemental sobre el que, sin embargo, no hay consenso si se observa la proliferación de litigios derivados de la pretensión regulatoria del Estado. Esto ocurre a pesar de que la normativa garantiza la provisión del Servicio Universal a quienes –por su localización o condición social- se encuentran en zonas marginadas o con deficiente servicio, asegurando el acceso a la conectividad “en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y razonables”, según establece la ley 27.078 Argentina Digital.
Este derecho se consolida a través del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (Ffsu), integrado con aportes de inversión de las empresas de telecomunicaciones y administrado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). El reglamento de ese Fondo prevé la creación de programas dirigidos “a grupos de usuarios que por sus necesidades sociales especiales o por sus características físicas, económicas o de otra índole, tengan limitaciones de acceso a los servicios, independientemente de su localización geográfica” (art. 18, inciso a, resolución Enacom 2642/2016). También, programas destinados a asegurar la conectividad en “zonas rurales y con condiciones geográficas desfavorables” (art. 18, inciso c).
Esta es una de las líneas que el Estado Nacional ejecuta a través de “aportes no reembolsables” (subsidios) que financian obras de infraestructura en distintas zonas del país, en paralelo con la extensión de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo), y de las medidas regulatorias contenidas en el judicializado DNU 690 (Prestación Básica Universal, regulación de tarifas, declaración de internet como servicio esencial).
Sobre esta base, durante 2020, 2021 y 2022 el Enacom aprobó distintos programas financiados a través del Ffsu. Se trata de líneas diseñadas para atender la emergencia y garantizar la conectividad en pequeñas localidades y en zonas rurales, y se avanzó en la actualización de la Refefo, entre otras medidas. Además -lo que es tema de este trabajo-, se lanzaron programas específicos para poblaciones hasta el momento desatendidas, destinados al desarrollo de obras de conectividad en villas y asentamientos inscriptos en el Registro de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana Renabap (res. 726/2020); el “Programa para el Desarrollo de Infraestructura de Internet a través de Redes Comunitarias ´Roberto Arias´” (res. 799/2021) para comunidades rurales y de Pueblos Originarios; y el “Programa para el Desarrollo de Infraestructura de Internet en Pequeñas Localidades Rurales y Comunidades Indígenas – Gabinetes TIC”, complementario del Programa “Roberto Arias” (res. 1.352/2022).
En las próximas páginas nos proponemos hacer un balance de estas propuestas, trazar un mapeo de perfiles y resultados, y daremos cuenta de las limitaciones y desafíos de los programas citados. Entendemos que para que no fracase la aplicación de la política pública, el acceso a la conectividad no debe representar para estos sectores un desafío mayor que el que tiene cualquier habitante de los barrios urbanos formales para acceder al servicio público esencial. Y que, además, la política es efectiva dentro de una planificación general, cuando logra trascender gobiernos.
I – El derecho al acceso: universalización de servicios TIC
El mapa de la cobertura de internet en la Argentina muestra con claridad que el territorio nacional, amplio, heterogéneo y desigual, no puede ser abarcado únicamente por el impulso del mercado. Hay localidades rurales de baja densidad poblacional, a veces muy distantes de centros urbanos, que no reúnen las condiciones para la instalación de un servicio con expectativa razonable de renta (Poggio, 2020). A veces, ni siquiera está garantizada aun si el Estado se propusiera subsidiar en forma íntegra el despliegue de infraestructura. Así es reconocido por los propios prestadores.
No es un problema nuevo. Argentina y todos los países del mundo se enfrentaron a desafíos equivalentes cuando en su devenir histórico tuvieron que desarrollar las redes del telégrafo o del ferrocarril. Con la posibilidad de incluir o excluir ciudadanos. La dimensión política y social aparece siempre en la solución política elegida frente a esa encrucijada.
En nuestro país la garantía de acceso fue establecida para todos los habitantes (art. 18 ley 27.078). El instrumento para sostener esa cláusula es el Ffsu que, en tanto patrimonio del Estado integrado por aportes de los licenciatarios TIC impuestos por ley, es administrado por el Enacom (ídem, arts. 18 y 19). El Ente es la autoridad de aplicación de la ley 27.078 y está a cargo del dictado del reglamento general de asignación de los fondos del Ffsu, y de diseñar programas que garanticen el acceso. Es decir que tiene expresamente habilitado el diseño de instrumentos específicos para asegurar la conectividad que los prestadores privados no alcanzan.
El Reglamento General del Servicio Universal establece que los programas deben dirigirse “a grupos de usuarios que por sus necesidades sociales especiales o por sus características físicas, económicas o de otra índole, tengan limitaciones de acceso a los servicios, independientemente de su localización geográfica” (art. 19, inciso a, resolución Enacom 721/2020); asegurar la conectividad en “zonas rurales y con condiciones geográficas desfavorables” (art. 19, inciso c), y garantizar “el acceso y prestación de servicios TIC para barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares” (art. 19, inciso g).
Si bien buena parte de estas obligaciones jurídicas descansan sobre normas que llevan años de vigencia (la ley Argentina Digital es de 2014 y la primera reglamentación del Ffsu, de 2016), su aplicación en tanto política pública en relación al despliegue de infraestructura en barrios populares y redes comunitarias de internet recién encontró resonancia en enero 2020 con la declaración contenida en el acta 56 del Directorio de Enacom, que definió nuevos lineamientos de gestión, entre ellos el de
priorizar la reducción de la Brecha Digital a través del impulso de programas y proyectos de conectividad en la República Argentina que posibiliten el acceso equitativo, asequible y de calidad a las TIC a todos sus habitantes, con especial énfasis en las zonas desatendidas.
Estos criterios siguen la recomendación de la Unión Internacional de Comunicaciones (UIT), que impulsa a los Estados a considerar “a los pequeños actores comunitarios y sin fines de lucro”, a través de “medidas reglamentarias adecuadas” que “permitan acceder a infraestructura básica y a precios justos” (recomendación UIT-D 19). Justamente, los programas impulsados desde 2020 por Enacom (Barrios Populares, Roberto Arias, Gabinetes) tienen como destinatarios no sólo a los operadores comerciales sino también a las redes comunitarias de internet, en el primer caso, mientras que en el segundo se dirige en forma exclusiva a estas.
La organización internacional ha advertido que no es posible asegurar la conectividad en todos los territorios sin políticas específicas. Las estrategias que son eficaces en los centros urbanos en los que florecen las reglas del mercado no son extensivas a zonas rurales. Ni tampoco a los barrios empobrecidos. La ruralidad ve cómo los derechos demoran más en llegar que en las grandes ciudades. La experiencia demuestra que asegurar un mayor margen de renta de los operadores de telecomunicaciones no genera, por sí mismo, la ampliación de sus redes a poblaciones alejadas, poco numerosas o excluidas.
Por supuesto que la concepción del acceso a internet como derecho no fue espontánea. Ni tampoco pacífica su ejecución. Sobresale en esa disputa de sentido una conquista previa forjada en relación a la universalización del servicio de energía eléctrica y que llevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2016, a resolver que
el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención en los sectores vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera clasificarse de confiscatoria, en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar.
La evolución internacional allanó el camino. En 2001, Frank Le Rue (2001), relator de la Libertad de Expresión de la Organización de Naciones Unidas, ya reclamaba “políticas que faciliten el acceso a la conexión de internet, en particular en zonas distantes y rurales, e incluso con la subvención del servicio si fuera necesario”. Los programas de Enacom destinados a los barrios populares y zonas rurales, en consecuencia, ya tenían respaldo normativo desde la Ley Argentina Digital. Lo novedoso fue la decisión política de ocupar el vacío, de instrumentar aquello que se podía hacer y deliberadamente estaba ausente: la agenda y las necesidades de los sectores populares en la política pública en materia de telecomunicaciones. Claro que antes ya había llegado la red troncal de Arsat (la empresa pública de telecomunicaciones, que no está bajo la órbita de Enacom), pero las políticas de última milla eran escasas.
Esto no requería como instancia previa, como ocurrió, la declaración de “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” de los servicios TIC, establecida por el DNU 690/2020. Pero su dictado –posterior al Programa de Barrios Populares y anterior al Roberto Arias-, potenció la posibilidad de intervención estatal y la instrumentación de una “tarifa social”. La posterior judicialización del DNU y la falta de determinación gubernamental en establecer regulaciones firmes a los grandes operadores del mercado dejó esta dimensión inconclusa.
Resultado: en los nuevos despliegues de infraestructura en barrios populares y zonas rurales hubo tarifas más económicas al promedio del mercado en aquellos casos en los que el servicio era prestado por organizaciones sociales en el territorio (a través de pequeñas cooperativas o asociaciones civiles) o por cooperativas de servicios, pero no cuando era operado por los actores tradicionales de la industria.
Se puede sostener en ese punto que los programas financiados por el Ffsu postulan una estrategia propia, independiente (aunque convergente) de la coyuntural negociación del Estado con los grandes operadores TIC.
Esta estrategia -en los casos que nos interesan- consiste en la promoción, junto con el financiamiento de cooperativas de servicios y pymes, de nuevos licenciatarios entre asociaciones civiles, cooperativas de trabajo y organizaciones territoriales preexistentes en los barrios populares, sin ánimo de lucro, regularizados a través de la figura de “licenciatarios de Servicios de Valor Agregado – Acceso a Internet para titulares de Redes Comunitarias de Internet” (res. 4958/2018).
Se entiende por redes comunitarias
a aquellas compuestas por infraestructura gestionada por sus propios usuarios o por las entidades sin fines de lucro que los agrupen, permitiendo y promoviendo su ampliación a través de la incorporación de nuevos usuarios o conectándose con Redes Comunitarias vecinas; en poblaciones de no más de CINCO MIL (5.000) habitantes. (Res. 4958/2018, artículo 2)
Esta figura jurídica fue creada durante la administración de Mauricio Macri gracias a la incidencia del sector comunitario, pero a sus beneficiarios se les denegó, hasta 2020, el acceso a los fondos del Servicio Universal que, irónicamente, no se destinaban al sector que expresaba mayores necesidades de conectividad. Por su naturaleza, esta clase de licenciatarios –al brindar el servicio sin expectativa de renta o con una renta menor a la proyectada por los tradicionales licenciatarios con registro de Valor Agregado (SVA)-, ofrecen una tarifa más económica para el usuario sin necesidad de que ella resulte de una regulación del Estado.
Cabe destacar que hasta 2019 el Enacom había aprobado una única licencia comunitaria. A partir de 2020 éstas se multiplicaron exponencialmente, llegando al número de 40 en todo el país.
Esta nueva línea de trabajo desarrollada por Enacom despertó el interés internacional: en 2023 la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, celebrada en la ciudad suiza de Ginebra, premió al organismo por su “estrategia para conectar zonas rurales y remotas”, destacando el “entorno habilitador” creado hacia las redes comunitarias de internet.
No obstante, los programas a través de los cuales se ejecuta el Ffsu reclaman una política integral y articulada con el desarrollo de Arsat, que recuperó también en 2020, a través del Fondo, financiamiento para el fortalecimiento de la Refefo (Res. 867/2020).
Aparece ahí, todavía, una deuda: la articulación armónica de todas las áreas de la estatalidad para planificar con inteligencia los recursos que administra Enacom para garantizar “la última milla”. El salto del subsidio específico y la solución urgente a la planificación general. Una dimensión en la Argentina del primer peronismo que hoy parece olvidada o invocada como un mero acto de nostalgia.
II – La conectividad desde la perspectiva de la integración socio urbana
Las políticas públicas son eficaces cuando el abordaje estatal opera en forma integrada desde sus distintos órganos y estamentos, en diálogo con la base social a la cual esas políticas se dirigen. ¿Cómo pensar la solución de conectividad en poblaciones que tampoco tienen acceso a otros servicios públicos fundamentales? ¿Cómo implementar un programa de conectividad cuando la presencia del Estado es particularmente débil? ¿Cómo proyectar esos programas en un país que muestra un sendero inestable en materia de regulación de los servicios TIC y que suele trasladar la definición de políticas públicas al ámbito judicial?
Entre esas encrucijadas, al fragor de la demanda de los movimientos sociales en el contexto de la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, el Enacom revisó la estructura de ejecución del Servicio Universal y creó la Subdirección de Proyectos Especiales como área específica bajo la órbita de la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo. Más que la creación del área misma, nos interesa destacar la decisión de implementarla en diálogo con los actores sociales existentes en el territorio, en aquellos barrios y poblaciones rurales en las que los programas específicos proyectados iban a tener que ejecutarse.
Esta decisión operó como un reconocimiento de la ausencia de herramientas adecuadas, hasta el momento, para responder a la demanda de conectividad en los barrios con más necesidades; y a la vez como mérito de la robustez política ganada por los movimientos y organizaciones sociales, que permitieron pensar la conectividad como política pública desde la perspectiva de la integración socio urbana.
En septiembre de 2020 se abrió la convocatoria para la presentación de proyectos en el marco del “Programa de Infraestructura para Internet destinado a villas y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap) creado por decreto nro. 358/2017” (res. 726/2020). El programa vino a llenar un vacío: el alto nivel de demanda y posterior adjudicación llevó a ampliar el monto destinado originalmente al programa de 1000 millones a 7000 millones de pesos y, recientemente, a 12.000 millones de pesos en menos de tres años.
A mayo de 2023 se habían aprobado 81 proyectos en 18 provincias argentinas, con obras en curso en 1.160 barrios populares. De los 12 mil millones presupuestados, se habían adjudicado $10.765.051.790,27. La mayor inversión social se destinó a la provincia de Buenos Aires, que es a la vez la que mayor cantidad de barrios populares concentra, con obras en 383 de los 1.933 barrios populares registrados en toda su extensión, por un monto total de $4.534.038.607. Le siguen Tucumán con $ 1.469.378.275,00; Misiones, $793.622.768,11; Salta, $677.872.104,46; Jujuy, $549.798.145,00; Mendoza, $481.722.364,00; Chubut, $471.450.315,00; Entre Ríos, $344.248.149,00; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, $ 296.632.096,74.
A su vez, si cruzamos la cantidad de barrios populares por provincia con los barrios con obras de conectividad, el panorama muestra a Tierra del Fuego a la cabeza, con proyectos en 30 de los 47 barrios registrados, lo que representa un 63,8% del total provincial; seguido por Jujuy (51,06%), Chubut (44,28%), Catamarca (41,46%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (38,00%) y Salta (33,04%).
Pero más allá de los números, esta convocatoria fue novedosa por dos motivos articulados con la cuestión del acceso, en el contexto de un mercado mayorista concentrado: en primer lugar, las personas habitantes de los barrios, beneficiarias directas de la política pública, se encontraban excluidas en los programas anteriores. Además, los proyectos financiados hoy tienen la obligación de bonificar espacios públicos, comedores, merenderos, asociaciones vecinales, iglesias, escuelas, centros culturales ubicados dentro de los barrios, y deben colocar una estación tecnológica cada 2500 habitantes.
Hasta ahora son 1.513 los espacios bonificados y 225 las estaciones tecnológicas financiadas a través de los proyectos adjudicados en el marco del programa. De esta manera se busca el compromiso social de las cooperativas y pymes que obtienen financiamiento, asegurando que ningún vecino ni vecina quede excluido en el acceso. Con una estrategia que combina la red de internet domiciliaria con el acceso libre en espacios de uso público.
Que los barrios populares aparezcan como destinatarios de la política pública en materia de conectividad tiene que ver con debates ganados previamente en el territorio. Por eso hablamos de una perspectiva de integración socio urbana. La conectividad es un servicio tan esencial como el agua, la luz o el gas. Permite integrar localidades enteras o condenarse a su exclusión. Tiene que ver con la calidad de vida y con el acceso a derechos:
La evidencia de las dos últimas décadas -sostiene Martín Becerra- mostró que las brechas reclaman ser enunciadas en plural porque son varias y son multidimensionales. En lo que refieren al acceso, las brechas no solo tienen una dimensión material, sino también cultural, de habilidades, competencias y oportunidades significativas de uso. (Becerra, 2022: 92).
Es decir que la agenda Tierra, Techo y Trabajo tiene en la Conectividad, con mayúsculas, otra de las patas de la dignidad humana.
En este sentido es interesante destacar el trabajo de articulación de las cooperativas de servicios o las pymes con organizaciones sociales en el territorio, favoreciendo la contratación de cuadrillas dentro de los mismos barrios objeto de las obras, así como para la colocación de las estaciones tecnológicas en espacios significativos para la comunidad. Aunque muchos de los proyectos articulan con instituciones estatales a través de las áreas de desarrollo social, sobre todo en algunos municipios bonaerenses, otros han logrado planificar una intervención con participación de múltiples sectores sociales. Para esto fue fundamental la coordinación y diálogo con la Secretaría de Integración Socio Urbana, que lleva adelante obras en barrios de todo el país.
El segundo motivo pasa por las características mismas del Programa, que admitió por primera vez la participación de las organizaciones en los barrios a través de la conformación de redes comunitarias de internet. Son casos emblemáticos los de la Asociación Civil “El Hormiguero”, que lleva internet a cinco barrios de Soldati, en la CABA, o el impulsado por “Atalaya Sur” en Villa 20. La Asociación Civil “La Poderosa” lleva conectividad a 16 barrios ubicados en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, San Juan, Jujuy y Tucumán; mientras que la Asociación Mutual “Carlos Mugica”, que gestiona la histórica radio comunitaria La Ranchada, despliega obras en 24 barrios de la provincia de Córdoba.
Estos proyectos, sumado al alto número de licencias otorgadas a redes comunitarias en todo el país, han generado un piso en la construcción de la soberanía tecnológica para el sector no lucrativo de la comunicación.
Otro dato interesante tiene que ver con la naturaleza jurídica de los prestadores beneficiarios. Ya señalamos la importancia de las redes comunitarias, su crecimiento y protagonismo a partir de 2020. Pero esto requiere de una mirada de conjunto. Al cierre de estas líneas, se contaban 55 proyectos de infraestructura en barrios populares impulsados por pymes, 16 gestionados por cooperativas de trabajo o servicios, 2 presentados por empresas públicas provinciales o municipales, 3 llevados adelante por grandes empresas (Supercanal y Arlink), y 6 gestionados por organizaciones sin fines de lucro. Esta diversidad de operadores financiados por el Estado Nacional través del Enacom oxigena un universo concentrado en lo que refiere al mercado de internet, posibilitando nuevas alianzas entre prestadores, cooperativas y carriers: de acuerdo con Convergencia, el mapa de internet en la Argentina para 2022 mostraba que se habían multiplicado
los modos de agruparse entre ISPs y cooperativas, para sumar volumen y bajar el precio de ancho de banda pero también para adquirir equipamiento en un marco complicado para la importación; y la construcción de fibra en conjunto.
Está claro que la participación de las redes no lucrativas es mucho más baja respecto de las pymes, el sector que ha logrado mayores niveles de financiamiento debido a su preexistencia como prestadores TIC. Se verifican la expertise y la inserción como elementos clave en las experiencias que han logrado sostener redes comunitarias de internet. Entre los proyectos presentados por este tipo particular de prestador, cinco están gestionados por proponentes que vienen teniendo desarrollo y presencia en el sector de las radios y los canales alternativos, populares y comunitarios. Esto evidencia que los niveles de profesionalización e inserción territorial animan a incursionar en nuevos terrenos, cruzando comunicación y conectividad.
El Hormiguero, que trabaja en obras de infraestructura para llevar internet a los barrios porteños de Fátima, Ramón Carrillo, La Esperanza, Los Pinos y Piletones, lleva años gestionando una radio profundamente vinculada con su comunidad, y es integrante de la Federación Argentina de Radios Comunitarias Farco. La Asociación Civil La Poderosa, que publica la revista La Garganta Poderosa, lleva adelante un proyecto para 16 barrios en distintas provincias del país. Atalaya sur, en Villa 20, es un proyecto cuya asociación civil también impulsa una radio comunitaria. La Cooperativa de Trabajo Solidaridad, que tiene obras avanzadas para conectar a 13 barrios de Formosa, gestiona también un canal sin ánimo de lucro.
La Asociación Mutual Carlos Mugica tiene una extensa trayectoria: la radio FM La Ranchada, fundada en 1989 con el objetivo de contribuir a la revalorización de los habitantes de los sectores populares de Córdoba, tuvo una participación destacada en las peleas por la democratización de la comunicación. La más importante fue en 2003, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la inconstitucionalidad del artículo 45 del decreto ley de Radiodifusión 22.285 a raíz la causa iniciada por esa emisora, patrocinada por el abogado Miguel Rodríguez Villafañe. Más tarde el artículo 45, que prohibía a las entidades sin fines de lucro acceder a licencias de radio y televisión, fue modificado en el Congreso a través de la sanción de la ley 26.053, y finalmente éstas fueron reconocidas como prestadoras de derecho en la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Este puñado de proyectos gestionados por el movimiento social convive con actores de otra envergadura, en el marco del programa para barrios populares. Sin embargo, el hecho de que el financiamiento se dirija al despliegue de obras de infraestructura y no al servicio en sí mismo, es un condicionante de peso para muchas organizaciones de base, que encuentran limitantes a la hora de gestionar y sostener la prestación del servicio de internet para sus vecinos y vecinas. Para dar respuesta a esta necesidad se creó el tercer programa dentro de la Subdirección de Proyectos Especiales, centrado en la construcción y traslado de Gabinetes TIC. Más adelante nos detendremos sobre esto.
Cabe destacar que los debates sobre las redes comunitarias de internet exigen demoler numerosos prejuicios, muchos de ellos sobre la sostenibilidad de esas redes y otros más vinculados a los estereotipos con que la burocracia o los sectores integrados suelen etiquetar aquello que no entienden o les produce miedo a cualquier tipo de competencia, por más pequeña que sea. Otras veces, las redes implican una forma de vivir en sociedad antagónica a la sociedad capitalista, y esto despierta en los reguladores de los diferentes países del mundo, preocupaciones que se traducen en trabas. Por eso, todos estos pasos, por más cortos que sean, son significativos en el marco de un camino general. Esto no sólo se verifica en nuestro país sino también en el mundo, y es parte de los debates que gobiernos y especialistas se dan en los organismos internacionales, como la UIT.
De ahí la importancia de las políticas impulsadas con el cambio de gestión, imposibles sin la incorporación de los movimientos sociales en el Estado, que de a poco lograron que ese lugar marginalizado para las redes comunitarias fuera adquiriendo mayor protagonismo. Prestadores antes excluidos, que hasta el momento no habían sido tenidos en cuenta como beneficiarios de los subsidios, no sólo lograron obtener financiamiento sino que además, en 2021, tuvieron su programa específico: el Programa Roberto Arias, exclusivo para redes comunitarias y orientado a comunidades rurales y de pueblos originarios.
III – Política pública para redes comunitarias, pueblos originarios y comunidades rurales
El 60% de la población radicada en barrios populares se encuentra en la región metropolitana (Amba); esto es, en zonas con redes troncales de internet ya desplegadas que forman parte o están próximas a localidades densamente pobladas. Por el contrario, en zonas rurales o en comunidades originarias los mayoristas privados, la Refefo o las redes públicas provinciales no siempre son cercanas y el número de eventuales usuarios no justifica, desde la óptica de los negocios, una inversión comercial. Por derivación, es más difícil encontrar empresas, incluso cooperativas, que garanticen la conectividad de última milla aun logrando subsidios para cumplir con esa tarea.
En este cuadro el Estado, a través del Enacom, formalizó una política centrada por primera vez en las redes comunitarias: el “Programa para el Desarrollo de Infraestructura de Internet a través de Redes Comunitarias ´Roberto Arias´” (Res. 799/2021), cuyos destinatarios y destinatarias priorizadas son, justamente, las comunidades rurales y de pueblos originarios.
Este programa es el resultado del trabajo de articulación con las redes comunitarias de internet que funcionan en nuestro país, con las organizaciones de la ruralidad y con otras instituciones estatales que trabajan con dichas comunidades. Se trata de la consecuencia de un proceso y no una idea de laboratorio, y en este sentido es la resultante del diálogo entre los actores sociales con representantes de la estatalidad (con presencia en diferentes organismos), en el que sobresalió la conclusión de que el financiamiento que Enacom tradicionalmente disponía a través de aportes no reembolsables se orientaba a través de requerimientos (financieros, administrativos, logísticos) que imponían una exclusión de hecho a las poblaciones (y sus organizaciones) de esas zonas desatendidas. Aunque en la revisión del proceso ese resultado hoy nos parezca obvio, la convicción de que un programa de esta naturaleza sólo puede ejecutarse con éxito en relación directa con sus beneficiarios y beneficiarias, comprendiendo la especificidad de sus territorios, necesitó voluntad política y años de maduración.
De acuerdo con Nicolás Echániz y Fabricio Puzio,
Antes de la pandemia, ya en varios de nuestros territorios, en lo urbano y en lo rural, intuíamos la vulneración de un nuevo derecho: el de la conectividad. Luego, el diálogo de algunas organizaciones sociales con AlterMundi nos llevó a luchar juntos por la conectividad en barrios populares y territorios rurales. La irrupción de la Cumbre Argentina de Redes Comunitarias (Carc) como actor social fue fundamental para que, entre luchas y consensos, el Estado reconociera esta vulneración a través de la Subdirección de Proyectos Especiales del Enacom, con sus dos programas: Barrios Populares y Roberto Arias. (Echaniz y Puzio, 2022: pp. 160-161)
La figura jurídica elegida para el fomento de ese sector fueron las redes comunitarias que brindan servicio internet; un actor que, si bien ya era reconocido, lo era con carácter excepcional: como señalamos más arriba, hasta 2020 no recibían ninguna clase de financiamiento con fuente en el Ffsu. Es la primera vez en nuestro países que se destinan fondos del Servicio Universal a estas redes, constituyendo a la vez un caso de de buenas prácticas a nivel internacional. Se trata de redes conformadas por particulares o por asociaciones sin fines de lucro y que prestan el servicio a los miembros de una comunidad de menos de 5.000 habitantes. El Enacom les otorga licencia bajo un régimen especial, y expresamente les impone la prohibición de comercializar el servicio (res. 4958/2018). No tienen renta ni son aportantes al Ffsu, justamente por su exclusión del régimen de comercialización.
Las redes comunitarias suelen constituirse en zonas donde no hay ningún otro prestador (aunque no existe limitación en la adjudicación de la licencia por razones de competencia), por la inviabilidad económica de ofrecer servicio en esos territorios bajo un modelo de maximización de ganancias. Por lo tanto, han representado una solución para resolver la conectividad en zonas rurales o comunidades originarias. Sin embargo, al calor del Programa de Barrios Populares, ya lo hemos visto, la figura de las redes comunitarias se ha expandido, capitalizada por las organizaciones sociales con mayor fortaleza. Originalmente, la red comunitaria fue una figura pensada para comunidades pequeñas, que autogestionan el uso de la tierra, la vida comunitaria y su propia economía. Como ocurre, por caso, pero no en forma exclusiva, con las comunidades de los pueblos originarios, que deben ser sujeto de una tutela preferente (y efectiva) por parte del Estado.
Como ocurrió con Barrios Populares, el Programa Roberto Arias se engarza sobre otras acciones previas del Estado, como la creación del Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas (Renopi) del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, constituido mediante la Resolución Inai 328/2010. También se utiliza como base de trabajo el reconocimiento a través de personerías jurídicas inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci) y/o en los organismos provinciales pertinentes. Del mismo modo convergen el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf) y el Registro Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar (Renoaf), bajo la esfera de la ley 27.118.
Este cuerpo normativo da cuenta de que la incorporación de tecnologías se realiza en un marco de asimetrías materiales y estructurales pre-existentes, y en el marco de un sistema telecomunicaciones marcado por la concentración y la exclusión (Monje & Rivero, 2018: 49), que es necesario atender para dar respuesta a los sectores sociales que parten de una posición subordinada. Como afirma César Bolaño, “las asimetrías digitales son estructuralmente constitutivas de la red, y garantizan la existencia de una jerarquía compleja en la que prevalecen aquellos que detentan mayor capital económico, político o simbólico” (Bolaño, 2013).
Esa asimetría es la premisa inicial del Programa Roberto Arias, que se propone dar respuesta a esa barrera con un instrumento de financiamiento que a) sustente el 100% de la inversión en infraestructura; b) no requiera garantías ni planes de negocio con rentabilidad; c) sostenga el mantenimiento de la red y la compra mayorista por seis meses hasta la consolidación de la red, promoviendo la autogestión; e) fomente un servicio a bajo costo con terminales comunitarias de acceso gratuito, d) que sea compatible con apoyos preexistentes y eventuales con otros organismos del Estado; e) que simplifique los requerimientos administrativos.
El programa destina 300 millones de pesos del Ffsu a licenciatarios con registro Varc o con el registro en trámite, para la creación de redes o la mejora de las existentes; obras de infraestructura e interconexión con la red troncal. El monto a subsidiar va de los 300 mil a los 30 millones de pesos, y se incluyen dentro de los ítems financiables gastos en honorarios para capacitación en mantenimiento de redes comunitarias, lo cual implica el reconocimiento de la necesidad de la apropiación tecnológica por parte de las comunidades, como una de las bases para el desarrollo sostenible de los proyectos.
Aprobado por el Enacom el 10 de junio de 2021, la apertura del Programa abrió expectativas y tuvo el desafío de perfeccionarse a partir de las nuevas dificultades que expresó la demanda. No es un instrumento acabado. Se trata de la dimensión política y jurídica de una construcción social. De ahí la elección del nombre de Roberto Arias, reconocido defensor de la naturaleza, los pueblos originarios, los derechos humanos y sociales, fallecido en 2019. Arias fue promotor de la causa mapuche, comunicador popular, integrante de Farco, fundador de una radio comunitaria y de un barrio intercultural en San Martín de los Andes. En esta línea, su nombre expresa una síntesis sobre la función y los aportes de los movimientos sociales dentro y fuera del Estado.
Comparado con Barrios Populares, la convocatoria a la presentación de proyectos es más baja. Esto tiene relación con el trabajo de capacitación previo para la elaboración de las carpetas, el requisito de conformarse legalmente en una red comunitaria de internet y la expertise técnica para gestionar, sostener y mantener el servicio de internet
Como es obvio imaginar, no todas las poblaciones rurales están en condiciones de hacer de la construcción y la apropiación de una red comunitaria una identidad política, sino que simplemente quieren resolver su barrera de acceso.
Para llegar a ellas ha sido clave el rol de las comunidades comprometidas con la autogestión para construir un enlace con esas comunidades. Así, la construcción de esta demanda, y la concientización alrededor de los usos y la autogestión de la tecnología para la resolución colectiva de problemas comunes, es el tema que ocupa a las organizaciones que nuclean al sector y que acompañan a las comunidades para dar sus primeros pasos, como es el caso del semillero de proyectos impulsado por AlterMundi.
Hasta mayo de 2023 se habían presentado proyectos en Córdoba, Salta, Santiago del Estero, Jujuy y Corrientes. De estos se habían adjudicado dos (uno en Córdoba y otro en Salta, desistido para readecuar sus presupuestos), y otros cuatro se encontraban técnicamente aprobados en mayo de 2023, a la espera de tratamiento por parte del directorio del Ente, que es la instancia de adjudicación.
Si bien este número está lejos de la alta demanda registrada en el programa Barrios Populares (que, como desarrollamos, también tuvo presentaciones realizadas por redes comunitarias), expresa la potencialidad estratégica de su crecimiento a la par de la formación en tecnologías que las redes promocionan, y de la experiencia exitosa de aquellas que ya se encuentran operando, extendiendo su radio de acción como solución colectiva y autosustentable.
IV – Gabinetes TIC
En el reconocimiento de que la demanda de la ruralidad conlleva tiempos más extensos para adecuarse a los requisitos que exige la aplicación a subsidios estatales, pueden observarse tres elementos clave articulados entre sí. El primero se relaciona con lo planteado en los capítulos anteriores acerca de la formación y la participación del movimiento social en el apoyo a las comunidades, para presentar proyectos factibles de ser sostenidos luego por éstas. El diagnóstico que ubica la demanda en las comunidades más que en las organizaciones es fundamental para lograr que sean las propias poblaciones las que se comprometan con el diseño de las redes, su mantenimiento y autogestión en el marco de un planteo estratégico de soberanía tecnológica. El énfasis está puesto en la participación colectiva de la comunidad en tanto totalidad, por lo que los procesos de formación y acompañamiento requieren de un tiempo más largo de maduración, pero también más sólido en el largo plazo.
El segundo elemento tiene que ver con la fortaleza organizativa de las comunidades. Aquellas mejor posicionadas, que ya han logrado aplicar a subsidios nacionales, provinciales o incluso internacionales, que han formado a sus vecinos y vecinas o que cuentan con expertise y capacidad de gestión, son las que suelen alcanzar el financiamiento para el desarrollo de sus proyectos. En tanto que aquellas que sufren mayores niveles de debilidad, producto de la exclusión, tienden a quedar secundarizadas, o aisladas de la política pública, a la cual muchas veces no logran acceder. Ante esta situación, el Estado tiene el deber de garantizar derechos en todas las poblaciones, más allá de sus niveles de organización para autogestionarse en temas que suelen ser ríspidos o que se sienten alejados de sus posibilidades inmediatas.
El tercer elemento, finalmente, tiene que ver con el imaginario de las comunidades y el rol del Estado para escuchar y construir las respuestas necesarias para cada realidad, haciendo que la política responda a éstas y no la inversa, que es que las realidades diversas se adapten a la política pública, haciéndola fracasar o avanzar a tientas, en una implementación desigual. Políticas que funcionan muy bien en entornos urbanos no se desarrollan de igual modo en el ámbito de la ruralidad. Las demandas de la base social en las ciudades tampoco son las mismas que las demandas de los Pueblos Originarios, o de las comunidades dedicadas a la agricultura familiar. La vida en comunidad es diferente, también los usos y apropiaciones de los espacios comunes, y por supuesto, de la tecnología, la educación financiera y otras limitantes que muchas veces tironean de las resoluciones que indican normas y procedimientos burocráticos.
Una recorrida por el país, de una geografía inmensa en variedad y extensión, arroja realidades muy diferentes entre sí. Pueblos donde sólo existe un cajero automático, parajes cuyos habitantes deben viajar horas para acceder al mismo o a un banco; conexión nula para realizar trámites on line no expresan iguales condiciones de posibilidad. Esta mirada, a la luz de los resultados de los programas de Barrios Populares y Roberto Arias, es la que permitió advertir la necesidad de diseñar y poner en práctica una nueva herramienta en el marco de las políticas emanadas del Servicio Universal: nos referimos al “Programa para el Desarrollo de Infraestructura de Internet en Pequeñas Localidades Rurales y Comunidades Indígenas – Gabinetes TIC” (res. 1.352/2022, modificado por las resoluciones 2391/2022 y 571/2023), que Enacom diseñó como complemento del Programa Roberto Arias.
Según un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), “más del 40% de los parajes rurales relevados no tienen conectividad ni acceso a las comunicaciones”, cifra que se eleva a “más del 80% cuando se incluye la variable de parajes con mala o regular conectividad”. Además, el “81,6% corresponde a parajes donde el tipo productivo es exclusivo o predominante de la agricultura familiar, campesina e indígena (AFCI)”. Esto resulta de particular relevancia ya que las AFCI se han constituido como un sector estratégico de nuestro país para el abastecimiento de alimentos y el desarrollo de las economías regionales.
En este marco, la UIT sostiene, entre otras cuestiones, que “en las zonas rurales y distantes de los países en desarrollo, los bajos ingresos, el analfabetismo y la falta de conocimientos informáticos limitan el número de personas que puede disponer de acceso a Internet desde el hogar. Estas comunidades necesitan instalaciones de TIC públicas que puedan utilizarse para la comunicación, la prestación de servicios y diversas actividades de creación de capacidad” (Recomendación UIT-D 19 inciso h). La misma Recomendación afirma que “la acumulación de experiencias en todo el mundo de las instituciones de acceso comunitario (telekioscos, telecentros comunitarios polivalentes, centros multimedios) muestra que se necesitan políticas gubernamentales proactivas y de apoyo para estimular la demanda de los servicios disponibles”, dado que “el acceso a las telecomunicaciones/TIC para todos maximizará el bienestar social, aumentará la productividad, conservará los recursos y contribuirá al respeto de los derechos humanos” (Recomendación UIT-D 19 inciso h).
El “Programa para el Desarrollo de Infraestructura de Internet en Pequeñas Localidades Rurales y Comunidades Indígenas – Gabinetes TIC” se orienta a dar respuestas en este universo, cuya demanda -como señalamos- no había sido satisfecha con otros programas del Servicio Universal. Para esto, se destinaron 1.500 millones de pesos para financiar la construcción, traslado e instalación de 40 Gabinetes modulares equipados con tecnología para actividades audiovisuales y con conectividad provista por Arsat, luego de un censo realizado a través de las organizaciones sociales de la ruralidad, que permitió elaborar un primer listado de comunidades originarias y rurales beneficiarias en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Corrientes, Chaco, Misiones, Salta y Tucumán.
V – Conclusiones
Desde temprano se advirtió que el derecho de acceso a internet, como todo derecho, no iba a desarrollarse en la Argentina desentendido de las desigualdades estructurales que, en la dimensión económica y social, definen a nuestro país. Por eso, la ley Argentina Digital concibió, con una finalidad reparadora de esa desigualdad, la creación del Fondo de Servicio Universal, alimentado por el 1% de la facturación bruta de los licenciatarios TIC. Más que examinar si se trata de la mejor herramienta o si el porcentaje del aporte es acorde al objetivo que se propone la propia ley (desde ya, son debates que también hay que dar), en este trabajo nos propusimos llamar la atención sobre la inexcusable demora en que esos fondos han sido ejecutados hacia sujetos sociales con necesidades específicas pero de innegable relevancia. Un rezago inexplicable cuando se trata, justamente, de los ciudadanos y ciudadanas más urgidos por el acceso.
Más de un millón de familias viven en los barrios populares. La invisibilidad de sus necesidades de conectividad fue el resultado de una decisión política. Lo mismo ocurrió con las zonas rurales y comunidades originarias, también excluidas hasta ahora de las políticas de conectividad de última milla. En estos elementos encontramos el primer giro: las políticas de subsidios de Enacom, destinadas en los años previos a fomentar proyectos en localidades pequeñas y medianas a través de pymes y cooperativas, no alcanzaban para cubrir las necesidades de un mapa más heterogéneo. Ese reconocimiento operó como conclusión a la salida de la experiencia de Cambiemos al frente del Estado, y el advenimiento de una nueva administración, que marcó el lanzamiento de los programas aquí analizados.
Pero ningún derecho queda garantizado por su mera declaración. Por eso en este punto cobra relevancia una revisión crítica de las políticas desplegadas en los últimos tres años. Sobresale, sí, una diferencia radical: antes de 2020 la regularidad era la sub-ejecución de los fondos del Servicio Universal; después, se sobrecumplieron las expectativas. El Programa de Barrios Populares tuvo una asignación inicial de mil millones de pesos y en tres años de ejecución se elevó a 12 mil millones, una cifra que terminó siendo en términos reales muy superior a la previsión original. Sin embargo la política adoleció de una planificación integral, sobre la base de las necesidades registradas en las diferentes provincias del país, y de sus localidades y pueblos.
Al tratarse de convocatorias abiertas a la demanda de prestadores interesados en brindar el servicio, la tendencia se orientó más hacia las grandes ciudades, donde existen troncales y varias licenciatarias con capacidad de extensión de su red, que hacia las zonas con menor presencia de estos actores. Esto se verifica al revisar los montos destinados a cada provincia en relación con la cantidad de barrios populares, y al chequear las provincias que han quedado ausentes por falta de propuestas, pero también en las desigualdades hacia el “interior del interior”.
La foto de los beneficiarios arroja una presencia mayoritaria de pymes, un actor clave del mercado minorista de las telecomunicaciones. Estas operadoras TIC lograron, a través de la aplicación de la política pública, extender el despliegue de sus redes. Pero también se advierte, al revisar los números, que la bonificación de espacios comunes en los barrios apunta más a cumplir con un requisito que a devolver socialmente parte de lo ganado con la financiación de la propuesta. Desde lo conceptual, no sólo se trata de extender la infraestructura, sino de incluir a la población garantizando que nadie quede fuera del acceso al derecho. Esto es evidente en el contraste con los proyectos impulsados por redes comunitarias son asiento en los territorios, y en los casos de las cooperativas de servicios que han logrado articular con las organizaciones en los barrios.
Lo mismo sucede con la tarifa. La presencia de un Estado activo que regule, fije precios y establezca una tarifa social, como decreta el DNU 690/2020, traza un horizonte al que las grandes corporaciones que dominan el mercado de las telecomunicaciones deben allanarse. La regulación del precio del mega mayorista es necesaria para que los costos no resulten inviables para las comunidades, cuando se trata de los privados que fijan valores en dólares. La extensión de la Refefo, el crecimiento de la capilaridad de Arsat hacia todos los rincones de nuestro suelo y la promoción de programas que permitan dialogar a las distintas herramientas dentro de una línea común, es otro de los ejes a profundizar.
Enacom financia obras de infraestructura, no presta el servicio. No es un prestador, sino un ente regulador. De ahí la mediación de licenciatarios para la presentación de proyectos, que reclama distintos niveles de acuerdo entre los organismos del Estado para brindar respuestas conjuntas: desde la elaboración de las carpetas técnicas hasta el acuerdo para la interconexión, pasando por el acompañamiento para las rendiciones y la capacitación en gestión y mantenimiento de redes, o la intervención para alcanzar subsidios sobre los costos de la conexión, entre otras, son claves para que los proyectos sean sostenibles en el tiempo.
Esto, que obliga al examen de lo actuado en Barrios Populares, se despliega con mayor significación cuando se trata de las zonas rurales y de Pueblos Originarios. Cualquier política pública requiere el diálogo con el movimiento social, pero al mismo tiempo un análisis de los recursos públicos y privados existentes, un trabajo profundo de capacitación y fortalecimiento con las organizaciones de base y la coordinación entre diferentes áreas de la estatalidad, algo que la burocratización de los procesos impide demasiadas veces. Un trabajo que no sólo dé cuenta de los diagnósticos en materia de acceso a derechos (que las propias comunidades ya conocen en su experiencia directa), sino de definición de políticas articuladas que permitan derivar recursos a los sectores de nuestro pueblo qué más lo requieren.
Si la universalización del acceso a internet es un derecho en sí mismo (y también una puerta de acceso a otros derechos), el esfuerzo de la estatalidad debe concentrarse entonces en escuchar las demandas, comprender a la naturaleza de los actores, trabajar con todas las instituciones que atienden al sector y planificar políticas públicas que resuelvan de manera concreta las demandas que el propio movimiento social logró poner en agenda. Así la política escucha a la realidad, y no su reverso, que es cuando la realidad debe acomodarse para acceder al beneficio.
Por estas razones, tras los primeros tres años de gestión, se revela que persisten algunas barreras: el requerimiento de garantías de naturaleza financiera o la relación entre la tributación y el Ffsu como limitantes que no siempre pueden ser sorteadas por los prestadores interesados. En ese sentido, el Programa Roberto Arias muestra un perfil que permite retomar elementos para repensar Barrios Populares, y el Programa Gabinetes TIC para complementar el Roberto Arias. Así lo exige la comprensión de la conectividad desde la perspectiva del acceso a los derechos. Pero también pone de manifiesto la importancia de una política pública planificada de manera articulada, sobre todo cuando se trata de dar respuesta a los grupos sociales más desfavorecidos.
Los tres programas representan avances considerables en el marco de una política pública reparadora y en un contexto en el que no han existido condiciones para revisar el marco normativo de las telecomunicaciones en la Argentina (continúa el trazo general diseñado por la administración anterior, que sin dudas tiene que ser revisado por un gobierno de orientación popular), y en el que los intentos por reformarlo (Decreto 690/2020) han sido objeto de cuestionamientos -receptados por la Justicia-, señalando una serie de límites.
Las determinaciones estructurales de la industria de las telecomunicaciones y la dimensión de sus principales actores, que se ubican entre las empresas con mayor incidencia económica del país, potencia el valor de los logros conseguidos en materia de ampliación de derechos. Los fondos que sostienen estos programas se constituyen con una porción de los ingresos brutos provenientes de conglomerados transnacionales de la comunicación. Y terminan en manos de ciudadanos y ciudadanas excluidas por el mercado.
Un inusual acto de justicia social que alumbra un nuevo horizonte.
