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La Corte Suprema de Justicia, a través de su Cuerpo de Peritos Contadores, realizará un informe clave en la resolución de una querella criminal contra funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, acusados de no otorgar créditos y subsidios en el período 2016-2019 sin respetar la Ley de Cine. La decisión ocurre en un contexto en el que un nuevo gobierno también avanza con el desmantelamiento de la estructura del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
La medida fue adoptada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 4, a cargo de Ariel Lijo, que ordenó “un peritaje de su especialidad en el cuál, teniendo en cuenta el presupuesto anual, la ejecución presupuestaria (base devengado) y los subsidios de todos los meses, todo ello del ejercicio 2016-2019 para determinar si en los años referidos se cumplió con la asignación del cincuenta por ciento (50 %) de la recaudación obtenida a los subsidios de películas nacionales, conforme lo establece el artículo 29 de la ley de Cine”.
En la Justicia -con diferentes radicaciones- existen cuatro denuncias promovidas por Documentalistas Argentinos (DOCA), Directores Independientes de Cine (DIC) y la Asociación de Productores y Realizadores Independientes (APRI) sobre incumplimientos a la Ley de Cine y que están apuntadas contra el ex presidente del Instituto, Ralph Haiek, y el ex gerente general, Juan Francisco García Aramburu. 
